Anne Dubet, La Hacienda real de la Nueva Planta (1713-1726), entre fraude y buen gobierno. El caso Verdes Montenegro

Anne Dubet, La Hacienda real de la Nueva Planta (1713-1726), entre fraude y buen gobierno. El caso Verdes Montenegro, Madrid, Fondo de Cultura Económica,  2015, 644 p. 
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Reseña publicada en Pablo Fernández Albaladejo, “Anne Dubet, La Hacienda real de la Nueva Planta (1713-1726), entre fraude y buen gobierno. El caso Verdes Montenegro”, Mélanges de la Casa de Velázquez [En ligne], 46-1 | 2016, mis en ligne le 15 avril 2016, consulté le 07 janvier 2017. URL : http://mcv.revues.org/6854

A lo largo de estos últimos años la historiografía sobre la Nueva Planta parecía atrapada por el cas dels catalans, inmersa en un tricentenario sobre el que no han faltado pronunciamientos y excesos, algunos de ellos más allá del estricto ámbito historiográfico. La impresión, con todo, no deja de ser engañosa. La misma actividad investigadora ya venía poniendo de manifiesto que al margen de ese caso también había vida, investigación por hacer. No todo estaba dicho sobre la Nueva Planta. El trabajo de Anne Dubet es una buena prueba. Desde que en 1998 defendiera su tesis doctoral en la Universidad de Burdeos (dirigida por Michel Cavillac), la autora ha acreditado sobradamente su fidelidad a una línea de investigación tan sólidamente sustentada como ambiciosa en sus miras: clarificar algunos nudos cruciales en la evolución de la Hacienda del Antiguo Régimen. La continuidad ha dado sus frutos. De la indagación inicial sobre la agitada peripecia vital del réformateur Luis Valle de la Cerda a fines del xvi ha podido pasarse al análisis de la trayectoria personal —menos atractiva a primera vista— de Fernando Verdes Montenegro, un servidor del monarca que, en 1724, había conseguido llegar al puesto de secretario del Despacho de Hacienda y Superintendente, siendo el primero en designarse como «Ministro de Hacienda». Si el primer caso se ofrecía como una reflexión sobre las relaciones entre hacienda, arbitrismo y negociaciónpolítica (título de la versión en español de la tesis), el trabajo que aquí nos ocupa indaga sobre la incierta frontera existente entre fraude y buen gobierno, extremos de una gestión hacendística entre los que —con un proceso judicial de por medio— se movió nuestro hombre.

El proceso planea sobre sus más de 600 páginas si bien tampoco pretende erigirse en protagonista del relato. Ya la sola lectura de los capítulos del libro deja entrever que se apunta en más direcciones, dentro siempre de una hoja de ruta bien trazada. Hay primero un minucioso análisis de lo que fue «la construcción de un nuevo modelo de gobierno de la Hacienda» a partir de la guerra de Sucesión, una decisión que removió a fondo los cimientos del orden anterior, instauró una dinámica permanente de conflictos entre reformadores, dio lugar a todo tipo de alianzas transversales entre adversarios y, finalmente, hizo inevitable la discusión sobre las cuestiones de fondo, aquellas que afectaban a la constitución interna de la monarquía. El papel de Verdes Montenegro va ganando visibilidad a lo largo de un tsunami político que en 1724 le llevaría a ser «separado» de sus empleos y sufrir un proceso del que, no obstante, conseguiría salir «rehabilitado» tres años después.

Rechazando la interpretación de la Nueva Planta como una «imposición» autoritaria tout court, la autora analiza con detalle la tortuosa elaboración de un modelo de Hacienda que, inspirado por los principios réformateurs de la nueva dinastía, buscaba incrementar y gestionar mejor los dineros del rey, el dueño en última instancia de esos recursos. De ahí que los planes de reforma de la Tesorería estuviesen en el centro de todas las miradas. Exigidos por la guerra, un heterogéneo grupo de políticos, militares y expertos debatían en un contexto en el que la implantación de una gestión ejecutiva de las cosas de Hacienda chocaba con las líneas rojas de quienes intentaban mantener cuando menos algunos de los supuestos del viejo entramado. Para estos últimos, latía de por medio una cuestión de principios, de fidelidad a un austracismo que más que evocar lealtad a una casa dinástica manifestaba la identificación con una cultura política compartida por los territorios de la monarquía. Pero que no debe contemplarse como un bloque necesariamente opuesto a los nuevos modos de gestión que se apuntaban, tal y como ponían de manifiesto las tentativas reformistas de fines del siglo anterior. Entre 1717 y 1723, el propio desarrollo de la contienda obligaría a perfilar los proyectos en marcha, en una dinámica en la que las propuestas técnicas debían de componer una triangulación tan diversa en sus componentes como ardua en su resolución: además de dotarla con los medios suficientes, la orientación ejecutiva que pretendía imponerse desde la corte debía contar con la complicidad de las oligarquías urbanas que mediatizaban la fiscalidad interna y, no menos, con la disponibilidad de los asentistas nacionales. La inestabilidad presidió por ello las combinaciones que fueron ofreciéndose. La alternativa integradora planteada a la sombra del breve gobierno de Luis I (combinar «gobierno colegial» con «eficacia administrativa») tampoco conseguiría mejores resultados.

El fracaso tampoco es que fuese impredecible: la tensión entre el Consejo de Castilla y el de Hacienda era un elemento estructural del viejo orden, sustentado sobre un entendimiento jurisdiccionlista del poder (donde juzgar es administrar) que es lo que justamente empezaba a resquebrajase a la altura del primer cuarto de siglo. El retorno de Felipe V reactivó esa tensión, en un contexto en el que los desacuerdos doctrinales y organizativos sobre la configuración y jerarquía de los órganos de la Hacienda iban de la mano con enfrentamientos clientelares y aspiraciones personales de poder. Verdes no viene a ser sino una víctima —nada indefensa— de ese fuego cruzado. Independientemente de las denuncias de omisión y ocultación, que Verdes conseguirá superar, la novedad más llamativa de su proceso venía dada por la acusación de «necedad», de ignorancia de los supuestos de una ciencia del gobierno que un cargo como el suyo no podía ignorar. Un saber práctico cuyos supuestos ya venían siendo apuntados desde el propio ámbito interno de la monarquía. Responsable de la última suspensión parcial de pagos, la rectificación de ese mal gobierno —al margen del fortalecimiento de la Tesorería mayor— pasaba indefectiblemente por un distinto entendimiento de la gestión del crédito de la monarquía, dando paso a un diseño en el que el recurso a los prestamistas tradicionales debía ser remplazado por el protagonismo de los hombres de negocios, de los banqueros. La Hacienda, en última instancia, debía de ser contemplada de otra forma, como «un espacio aparte, irreductible a lo jurídico y lo moral», un ámbito donde la dimensión gubernativa operaría como «dominio reservado». Eran los supuestos de una monarquía administrativa lo que —frente al diseño jurisdiccionalista— empezaba a asentarse.

La autora reitera dos prevenciones metodológicas sobre la interpretación general de ese cambio: su gestación tiene menos que ver con el irresistible ascenso de una racionalidad moderna que con el desenlace de la conflictiva dinámica sobre la que ese cambio se levantaba. En este sentido, la irrupción del nuevo modelo no debe pasar por alto la continuidad de instrumentos de gestión del orden anterior que, más que sobrevivir, operaban como partes cruciales del mismo. Y donde tampoco resultaría ocioso recordar que estamos hablando, no de una Hacienda pública, sino de la Hacienda del monarca; una consideración sobre la lógica propietarista con la que este último contemplaba su hacienda no hubiese resultado ociosa. Precauciones en fin sobre el moralismo presentista con el que habitualmente se contemplan casos como el de Verdes y del que nos advierte la autora. Etiquetarlo sin más como una muestra de corrupción se antoja una respuesta demasiado simple. Y estamos ante un libro que apuesta decididamente por no aceptar los lugares establecidos.

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